La financiación de la educación es considerada de protección social
Según el exjefe de la oficina presupuestaria de la Presidencia del Gobierno y Catedrático Emérito de Hacienda Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, el señor José Barea Tejeiro dice que existen distintos tipos de bienes que produce una economía. [1]Tenemos los bienes privados (demanda individualizada) y los bienes públicos donde no existe el principio de exclusión y son necesarios para el bien común. Entre uno y otro se distinguen los que se consideran bienes de servicio público de mercado donde el que quiera consumirlo tiene que pagar un precio – canon, pero que no se dejan al mercado libre porque haría ineficiente su producción y distribución como pueden ser el gas, servicio ferroviario, etc que con la eliminación de los monopolios (Tratado de la Unión) la red es única, pero puede explotarlo y conservarlo una empresa pública o privada y los denominados bienes preferentes o de protección social cuya financiación se ha traspasado al poder público, encargándose de su financiación como son la sanidad, las pensiones, el desempleo, los servicios sociales y la educación. Con la llamada metodología SEEPROS la educación fue excluida como bien de la protección social, sin embargo, hoy en día, si esta considerada como tal. Estos bienes financiados por la vía de los impuestos y que producen lo que se denomina externalidades positivas (2.003: 85-87) En el caso de la enseñanza, “nos aprovechamos de la educación que esa persona ha recibido y se ha costeado” (2.003: 88) y además, es considerada protección social porque “la renta depende enormemente de la educación recibida y nadie deber ser privado de la posibilidad de utilizar sus dones –inteligencia- a causa de no tener ingresos”. “En 1.900 los gastos de protección social sólo suponían el 1 % del PIB y hoy en día se eleva al 24 ó 25 % del PIB actual” según este mismo autor.
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